Los jueces han saltado a un primer plano de la actualidad. Tras la ridícula sanción al Juez Tirado por el caso de la niña “Mari Luz” los miembros de la judicatura se han puesto de uñas y anuncian movilizaciones que incluye una huelga el próximo día dieciocho de febrero. Detrás de estas convocatorias está latente un movimiento de solidaridad hacia el juez que desoyó las recomendaciones de una Inspección previa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no ejecutó la condena de prisión al asesino de la niña Mari Luz. Según la opinión de algunos de estos magistrados en la sanción al juez Tirado hay "injerencias políticas” del ejecutivo en el trabajo de jueces y magistrados. Según algunas asociaciones profesionales de la judicatura,el Consejo General de Poder Judicial debe estar formado por jueces elegidos por jueces, de forma que ellos mismos serían los que resolverían sobre la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la carrera judicial.
Además, para disimular lo que es un puro acto de "solidaridad corporativa" con un compañero, "hoy po mi, mañana por ti", plantean a la vez otras reivindicaciones y le hechan un pulso al Ejecutivo, entiendase al Ministerio de Justicia.
Todos los días escuchamos una y otra vez a los portavoces de las diferentes asociaciones profesionales la petición de más medios materiales y personales para la administración de justicia. Realmente en esto no les falta razón, los juzgados y tribunales tienen unos medios materiales mucho más precarios que el resto de las administraciones, especialmente en el campo de la informática. Esta reclamación, siendo cierta, esconde la paradoja de que aún siendo escasos los medios, nunca las oficinas judiciales han estado tan dotadas de medios materiales y humanos como ahora, continuamente se están creando juzgados nuevos, sin que con anteriormente se hubiese convocado huelga alguna.
Los jueces que tanto apelan a su condición de poder constitucional del Estado y nadie duda de que es así, olvidan facilmente esta circunstancia para considerarse trabajadores y, por tanto, con derecho a huelga.
No estaría mal, que los que somos humildes ciudadanos, les recordásemos a sus señorías determinados conceptos básicos.
El primero: Es que su poder para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado emana directamente del pueblo (artículo 117 de la Constitución) y que la dejación de ese poder tanto por negligencia (Caso Tirado) como para presionar al poder legislativo y ejecutivo (convocatoria de huelga) supone una grave deslealtad a la propia Constitución.
Ese mismo artículo establece que los jueces y magistrados deben ser “independientes” y “responsables” . Sobre el primer requisitos, como bien recuerda el Sindicato de Secretarios Judiciales “esa independencia judicial no es un derecho del colectivo de jueces y magistrados. Se trata de una garantía de los ciudadanos”.
Segundo: En cuanto a la responsabilidad, ¿que responsabilidad podría exigir un CGPJ compuesto por jueces y elegidos por ellos? El corporativismo es una dura y tozuda realidad. Es obvio que un CGPJ independiente de la política quiere decir dependiente sus electores: los miembros de la carrera judicial y, por ende, totalmente inoperante. Si este Consejo ha puesto esta ridícula multa a un caso grave de desatención a sus labores ¿que haría otro Consejo más corporativista?
Tercero: En lo referente a la legitimidad de los pòderes del Estado, recordarles a sus señorias: El poder legislativo surge de la voluntad popular en las Elecciones Generales, este a su vez elige al poder Ejecutivo. Nos preguntamos los ciudadanos ¿tiene mas legitimidad democrática la judicatura?. En la carrera judicial se ingresa aprobando unas oposiciones. Lo más llamativo es que muchos de los jueces que llaman a la huelga y se quejan de la “politización de la justicia” tomaron posesión de sus cargos durante el franquismo. Es sintomático que la primera huelga organizada por los jueces haya sido con el gobierno de Zapatero.
Los jueces, no dudan en reclamar, además, una mejora salarial cuando el país sufre la crisis económica más grave de los últimos decenios y que este año les han subido el sueldo más que a ningún otro cuerpo (un cinco por ciento).
Por ultimo señorias, nuestro problema como ciudadanos es: quién les juzga a ustedes, quién va a controlar la legalidad de su huelga, de sus servicios mínimos, de sus faltas disciplinarias... Las soluciones a los problemas de la justicia deberían buscarlos mediante la participación y representación democrática y nunca mediante vías corporativistas.
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